¿Las criptomonedas son legales en Argentina?

Conocé el marco regulatorio de las criptomonedas en Argentina, tanto en lo normativo y político, como también en lo fiscal y contable.

November 27, 2020

Por Andrés Stanislavsky

La adopción de criptomonedas ha crecido significativamente en Latinoamérica en los últimos años debido, principalmente, a la inestabilidad de las monedas locales y la falta de acceso a los servicios financieros de la banca tradicional para la gran mayoría de la población. En este artículo analizaremos el marco regulatorio de las criptomonedas en Argentina, tanto en lo normativo y político, como también en lo fiscal y contable.

Dado que aún no existe un consenso mundial sobre cómo regular las operaciones con criptomonedas y criptoactivos, su legalidad varía según la legislación de cada país y estado. Como regla general, se establece que, cuando no existe un marco regulador, se asume su alegalidad (estatus de «no regulado») en función del principio de legalidad del Derecho, el cual señala que está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido por la ley.

En Latinoamérica, en los últimos años ha sido significativo el creciente uso de criptomonedas, tanto por entes privados como públicos, principalmente dado por la inestabilidad de las monedas locales y la falta de acceso a los servicios financieros de la banca tradicional para la gran mayoría de la población.

Qué dice la Constitución argentina

Puntualmente en la Argentina, aún no existe un marco regulatorio específico completo y sólo se han dictado múltiples normas aisladas por parte de dependencias del gobierno, tales como la Unidad de Información Financiera (“UIF”), el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”). Según lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Nacional (CN), las criptomonedas no podrían considerarse estrictamente moneda legal, ya que no son emitidas por la autoridad monetaria del gobierno, a la vez que no son un medio obligatorio para cancelar deudas u obligaciones, por lo cual no son de curso legal aunque sí pueden considerarse dinero. Esto es de suma importancia, ya que establece que sus operaciones son completamente lícitas, a la vez que en ellas no se aplican las normas de la Ley Penal Cambiaria.

A su vez, los criptoactivos no cumplen con los recaudos exigidos por el art. 30 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que para considerar a un instrumento como moneda exige dos requisitos: que el emisor del instrumento imponga el curso legal respecto del instrumento y la existencia de un valor nominal fijado al instrumento. Sin embargo, particularmente en lo que atañe a las regulaciones bajo la legislación del Código Civil y Comercial de la Nación (CCYCN), las criptomonedas podrían integrarse dentro del art. 16, al ser consideradas un "bien", ya que bien es cualquier cosa susceptible de valor y las criptomonedas lo son abiertamente.

En cuanto a lo impositivo, no todas las transacciones se encuentran gravadas ya sea por estar específicamente exentas o ser eventuales. Tampoco están gravadas aquellas que, por la forma de realizarlas, quedan fuera de los registros en el país, como el caso de la compra o venta directa (P2P) en plataformas extranjeras y sin transferencias a cuentas bancarias nacionales, o las que se realizan presencialmente F2F (face to face) y en efectivo. Básicamente, las operaciones gravadas son las que significan una fuente de ingresos habitual, donde se opera con los bancos y se obtiene rentabilidad permanente, porque lo que se grava es la ganancia y el impuesto se liquida sólo sobre la diferencia. 

Hoy en día, dada la gran inflación constante en los últimos diez años y la restricción para acceder a divisas extranjeras, la Argentina es una de las principales capitales "cripto" del mundo gracias a su gran cantidad de usuarios (más de 900.000) y a su ecosistema local muy desarrollado.

Ley de Criptoactivos

En noviembre del corriente año se presentó en la Cámara baja la autodenominada “Ley de Criptoactivos”, proyecto tendiente a "institucionalizar" las criptomonedas con el objeto de crear un marco regulatorio integral aplicable a las transacciones y operaciones civiles y comerciales de criptoactivos, en pos de institucionalizar las divisas virtuales "como medio de pago, ahorro o inversión", en transacciones "llevadas a cabo entre personas humanas, jurídicas privadas o públicas, sean residentes en el país o en el exterior”. En caso de promulgarse, en el ámbito privado permitirá que: el Estado determine qué proyectos cripto autoriza y cuáles no en base criterios legales que hoy no existen; representar tenencias de acciones o una propiedad (tokenización); que las empresas tengan modelos de negocios que cumplan con ciertos criterios, como una blockchain pública o casos de uso tales como más y mejores servicios bancarios, pudiendo hasta crear una moneda digital y sentar las bases para una criptomoneda que actúe como una representación electrónica del peso, similar a lo que ocurre con el USDC y el dólar, dado que una criptomoneda tendría definición de activo y se podría emitir directamente respaldada en pesos con una aprobación mucho más simple

Mientras que, específicamente en lo estatal, podría beneficiar el sistema de licitación pública, agregándole trazabilidad y transparencia al proceso, al mismo tiempo que permitiría desburocratizar al Estado y, así, lograr la reducción de impuestos. 

En general, esto generó rechazo en la comunidad de traders e inversores en criptomonedas, dado que sostienen que esta ley no es necesaria y que agregaría burocracia a la operatividad dada las exigencia de: licencias para operar, información obligatoria para los usuarios y sanciones a cargo de organismos oficiales. Además, también se presentó otro proyecto que apunta a cuatro principios: protección al consumidor; la prevención del fraude y otras actividades delictivas; promoción de la competencia privada; la innovación tecnológica.

Por otro lado, el uso de criptomonedas y, sobre todo de Stablecoins como DAI, USDC y USDT, atadas a la cotización del dólar, creció exponencialmente en el país, disparando las búsquedas en Google puntualmente en los momentos exactos en los que hubo anuncios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central que restringieron la compra de dólares tanto en el mercado oficial como en el financiero. Esto, llevó a que la Unidad de Información Financiera (UIF) advirtiera de la existencia de maniobras con activos digitales que podrían haberse efectuado por personas que buscaban evitar el sistema preventivo de lavado de activos.

Regulaciones en otros países

En el resto del mundo, la situación no es muy diferente, al punto tal que llama la atención que países con economías estables y a la vez muy avanzados jurídica y tecnológicamente, aún no tengan normas claras y definitivas al respecto. Esto se debe principalmente a la constante y exponencial evolución del desarrollo de soluciones sobre blockchain. Sin embargo, dada la reciente aparición de las Stablecoins, distintos países han avanzado muy velozmente en su regulación, centrándose en tres ejes principales: La protección del consumidor, La prevención del crimen y El gravamen de impuestos. Cabe mencionar a cinco de ellos que se destacan por sus medidas.

En primer lugar, Estados Unidos, el cual es considerado como un marcador de tendencias, aunque, dado que cada estado es independiente, estos determinan localmente sus propias leyes al respecto. 

Por ejemplo, en 2019, el estado de Wyoming aprobó un proyecto de ley que establece que las monedas virtuales se equiparan a las fiduciarias y que están sujetas a sus mismos procedimientos fiscales. La ley, también permite a los bancos brindar servicios de custodia para los activos digitales, haciendo que la propiedad de las criptomonedas sea legal y que tengan el mismo estatus que las monedas fiduciarias.

Por su parte, en China, la adopción de la tecnología Blockchain crece a pasos agigantados pero las criptomonedas sólo pueden ser referidas a una criptomoneda estatal, lo que llevó a que la principal plataforma de redes sociales del país, Weibo, recientemente prohibiera las cuentas de los principales exchanges de criptomonedas (Binance y Tron), debido a la violación de sus normas. Independientemente de las prohibiciones, en busca de acelerar la adopción de esta tecnología, en 2020 el Comité Permanente dictaminó una ley que establece un nuevo marco regulador.

También en el continente asiático, en Irán la minería de criptomonedas es legal pero para ejercerla se necesita una licencia. Dada la gran cantidad de sanciones occidentales que recibe este país por sus políticas de estado, se está convirtiendo en uno de los principales centros de adopción y, tanto el gobierno como los ciudadanos, recurren cada vez más a ellas para eludir el bloqueo económico. 

Por esta razón, en 2019, el gobierno aprobó una ley que respalda a la minería de criptomonedas, equiparándola a la actividad industrial, a la vez que subsidió sus tarifas eléctricas. A pesar de ello, 

las criptomonedas están prohibidas como medio de pago.

El caso más resonante en los últimos meses es el de la Unión Europea, dónde se está elaborando un borrador con una propuesta de Ley que busca de fomentar el crecimiento de este mercado y blindar a sus países ante iniciativas de criptomonedas de precio estable como la de Facebook, Libra, alegando que por sus características podrían llegar a suponer un riesgo para la estabilidad financiera global. De aprobarse, este tardaría 18 meses en empezar a aplicarse. En dicho continente, llaman la atención los casos de Francia, en el cual las operaciones con criptomonedas no están sujetas a impuestos y el de Alemania, donde recientemente se aprobó un proyecto de ley que permite a los bancos vender criptomonedas y conceder su custodia.

Igualmente, en todos los casos, la mayoría de las transacciones se realizan a través de sistemas financieros registrados en países como Malta, Belice y Las Seychelles, dada su escasa regulación sobre las divisas digitales. Sin embargo, cuando en dichos países las condiciones reguladoras son modificadas, estos son fácilmente reemplazados, como en el caso de Binance (el exchange más grande del mundo) que trasladó sus operaciones de Hong Kong a Malta, como respuesta a cambios en la regulación del país asiático.

Conclusión

En conclusión, la normativa aún está fragmentada, a la vez que los desarrollos y aplicaciones de Blockchain y, más puntualmente con criptomonedas, avanza muy rápidamente y, día a día, surgen nuevos cambios en todo el mundo, lo cual deja algunos puntos oscuros y mucho trabajo por hacer. Pero, algo que sí está claro, es que, por ahora, en Argentina las criptomonedas son legales siempre que se usen para operaciones lícitas, registradas y que, en los casos que corresponda, se tribute respectivamente. Y, en caso de aprobarse los nuevos proyectos de ley, la normativa se reforzará pero, ante la falta de prohibición, siempre continuará rigiendo el principio constitucional de libertad.

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